Renuncian abogados defensores de Javier Duarte

La Jornada

CDMX.- La firma de abogados Del Toro Carazo dio a conocer este jueves que “por razones completamente ajenas al cliente”, desde hoy dejará de representar al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, preso en el reclusorio norte de la ciudad de México donde se le sigue un proceso judicial que por delincuencia organizada y lavado de dinero.

A través de una carta, la firma encabezada por el abogado Marco Del Toro –que también representa a otros personajes de la política como la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales— omitió dar detalles sobre la decisión de dejar la defensa de Duarte de Ochoa al asegurar que las razones “son parte del secreto profesional, por lo que es nuestro deber mantenerlas como tal”.

“La defensa entablada por esta firma de abogados en los asuntos judiciales en materia penal del ex gobernador Duarte de Ochoa es jurídicamente sólida, por lo que seguramente podrá ser retomada por el o los colegas que sean designados para su continuación de manera exitosa. Y es que se estima que las imputaciones son de una fragilidad tal que no deben resistir un debido proceso penal, más allá de linchamientos públicos irracionales que no tienen sustento alguno en tanto se trata de meras percepciones que riñen con los medios de prueba que obran en los expedientes del caso”.

El despacho de abogados planteó que en el “momento idóneo” se procederá al relevo en la defensa legal del ex mandatario veracruzano, pues “las endebles imputaciones federales están sujetas a una temporalidad que permitirá sin duda alguna la preparación adecuada para la siguiente audiencia –a meses de distancia aún—, encontrándose desde ya con una sólida cimentación jurídica. Por cuanto a las imputaciones locales, éstas aún no arrancan siquiera, al margen de estar muy lejos de ser veraces o fundadas”.

Hasta hoy eran cuatro los abogados de esta firma que conocieron el caso: Marco del Toro, Luis Ricardo Chávez, Ricardo Calderón y Pablo Campuzano. Estos lograron en enero pasado que el juez concediera al imputado y su defensa seis meses más para la investigación, no autorizó la obtención de nuevos datos bancarios ni avaló los que ya estaban en el expediente, al argumentar que la Procuraduría General de la República los obtuvo sin una orden judicial de por medio. Con esto se logró que los datos financieros en los que se sostiene la acusación por lavado de dinero sean puestos en duda, por lo que podrían desestimarse por “ilegales”.

En la carta, el despacho agregó que el equipo de defensores “se entregó en la defensa del ex gobernador hasta el límite de sus capacidades –en plena armonía con el cliente, al que por cierto quedó refrendada el día de hoy que se conversó con él para comunicarle la decisión de esta firma—, deseamos que prive el derecho por encima de cualquier otra circunstancia en lo que esté por venir sin que ello se vea entorpecido por otras motivaciones”.