Tan sólo en sus últimos 2 meses, Francisco Chávez dejó irregularidades por casi 100MDP en el IEA

Aguascalientes.- Fue el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), la dependencia que más generó daños a las arcas públicas y que más ha sido señalada por actos de corrupción, el instituto registró anomalías, tan sólo en sus últimos 3 meses, los del 2016, por 97 millones 198 mil 71 pesos de acuerdo a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS).

Desde cuentas multimillonarias no registradas, pagos de finiquitos injustificados, por supuesto con Francisco Chávez como principal beneficiario, contratación de empresas que están catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria como lavadoras de dinero y otras cuyos socios formaban parte de la misma administración estatal, esto es tan sólo una parte mínima de lo que detectó el Órgano Superior en los tres últimos meses de Chávez Rangel al frente del IEA.

En el primer caso se detectaron 12 cuentas bancarias anómalas, pues ni siquiera estaban registradas en la contabilidad gubernamental, eran 12 cuentas bancarias en Santander y Bancomer, en donde se reportaron 64 millones 453 mil 902 pesos, sin embargo, nunca se demostró o se presentaron documentos que confirmaran el destino de dichos recursos, o de todos los recursos que pasaron por esas cuentas, por lo que fue calificada como no solventada.

Incluso hay una observación por la entrega de recursos millonarios, a los CENDIS que tiene el Partido del Trabajo en Aguascalientes, cuyo dirigente estatal, Héctor Quiroz García, acaba de ser detenidos por la PGR, ademas de que le inició un proceso por el fraude de 100 millones de pesos que fueron entregados por el gobierno de Nuevo León a los CENDIS de este mismo partido político en dicha entidad, pero que parte de esos millones fueron depositados a la cuenta personal de este dirigente.

También se detectaron anomalías por el pago injustificado de indemnizaciones por 2.1 millones de pesos, de los cuales resultó beneficiado, por supuesto, el ex titular Francisco Chávez Rangel, quien se autopremió con 515 mil 528 pesos, le siguieron sus subalternos como Erika Yadira Medina Burgos, entonces directora de Finanzas y Administración quien se llevó 309 mil 255 pesos.

En menores cantidades, pero aun así calificadas como injustificadas por parte del OSFAGS, aparecen el contralor interno del IEA, Sergio López García con 282 mil 167 pesos; la subdirectora de Educación Universitaria y Tecnológica, María del Socorro Vallín Contreras quien injustificadamente se llevó a su bolsillo 262 mil 406 pesos; el secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IEA, Antonio Rubén Cienfuegos Benavides se llevó 249 mil 927 pesos; la jefa del Departamento de Incorporación y Revalidación, Erika Fabiola Ibarra Medina un total de 181 mil 937 pesos; el director de Planeación, José Alberto Díaz Mora otro que se llevó injustificadamente 178 mil 250 pesos; y finalmente el director jurídico, Enrique Lomas Torres con 165 mil 272 pesos.

Se debe señalar que hubo quienes además se quedaron con plazas como maestros de normales, las cuales no ejercen al momento, pues están de permiso trabajando en otros gobiernos; se trata de Antonio Rubén Cienfuegos Benavides, José Alberto Díaz Mora, quien actualmente funge como asesor del Secretario de Educación de Michoacán, Erika Yadira Medina Burgos y Enrique Lomas Torres, a quien le gestionaron una plaza de la Universidad Pedagógica Nacional.

De la misma forma se detectó la contratación de la Constructora Coru, no mediante licitación pública, para la rehabilitación de escuelas, esto a pesar de que uno de los socios de dicha empresa era el jefe del Departamento Jurídico del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, se trata de Eduardo Arturo Ortega Ruiz. La cual por cierto sigue apareciendo en el registro del Padrón de Contratistas del Gobierno del estado bajo el RFC CCO110113L60 y durante todo el sexenio se le asignaron obras, no solo en escuelas, la mayoría por invitación restringida, es decir, prácticamente estaba señalada esta constructora consentida, para ganar los contratos.

De la misma forma se contrató a una empresa, PROSECEN S de RL de CV con RFC PRO141024LY4, que es acusada por la Secretaría de Hacienda, como una empresa fantasma, toda vez que emite comprobantes fiscales y facturas apócrifas y simulan operaciones, esto según consta en el Diario Oficial de la Federación publicado el 14 de Marzo de este año, en donde se le incluye en la lista de empresas señaladas y que nunca desvirtuaron o demostraron al SAT que el expediente en su contra, por violar el artículo 69-B del Código Fiscal Federal era erróneo, por lo que está en proceso desde febrero de este año una investigación por parte de la Secretaría de Hacienda.

Por cierto, se debe señalar que esta empresa no sólo aparece señalada en Aguascalientes, sino también en Zacatecas, en donde recibió recursos millonarios en asignaciones directas, por parte del municipio capital, en donde, además, se le impusieron sanciones por dar domicilios falsos, esto según el oficio de la Secretaría de Finanzas de Zacatecas, signado el 11 de septiembre de 2017.

En este caso, si bien el Padrón de Proveedores del Gobierno de Aguascalientes es muy poco transparente, el del Gobierno del Zacatecas da un poco más de detalles, y en este caso revela que la empresa PROSECEN se registró como proveedor nacional del giro de la Construcción y aparece como representante legal, Jorge Humberto Romo Lugo, un apellido que aparece en varias observaciones a la administración de Carlos Lozano de la Torre.

De la misma forma, se observaron cómo no solventados, pagos a destiempo de impuestos al SAT, lo que generó recargos por 706 mil pesos.