En 2017 más de 42 mil homicidios dolosos en México

La Jornada

CDMX.- Amnistía Internacional (AI) presentará este jueves su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En el capítulo sobre México, documenta que en 2017, en el país la violencia extrema aumentó, persistieron las innumerables violaciones a los derechos humanos y la impunidad fue la constante.

El balance define al pasado como el año con más homicidios dolosos del sexenio, con más de 42 mil; el más violento contra periodistas, con 12 asesinatos; además denuncia como “prácticas habituales” a la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.

Además, se aprobó la ley de seguridad interior, que permite la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, con lo que se corre riesgo de que los derechos fundamentales sigan siendo vulnerados.

El año pasado, reporta AI, México recibó la cifra más alta de su historia de solicitudes de asilo (más de 14 mil), pero rechazó la mayoría. La violencia contra las mujeres persiste y se incrementa, y pese a que hay declaraciones de alerta de género en 12 entidades, “éstas no se han reflejado en garantías” para ellas.

Sobre los homicidios dolosos, indica que “se produjo un incremento significativo” del número de casos, al registrarse oficialmente 42 mil 583. “Se trata de la cifra anual más alta registrada por las autoridades desde el comienzo del actual mandato presidencial (de Enrique Peña Nieto). La cifra real podría ser más alta, ya que algunos crímenes no se denuncian a la policía, y no todos los que se denunciaron derivaron en medidas oficiales”.

La situación de los periodistas y defensores de derechos humanos el año pasado fue delicada. Doce reporteros, entre ellos los corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, Miroslava Breach y Javier Valdez, fueron asesinados el año pasado, además de tres activistas.

“Las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones de estos homicidios. La Fiscalía Especial para la Atención Cometidos contra la Libertad de Expresión no investigó si el trabajo de estos profesionales podía haber motivado los ataques. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no les brinda la protección adecuada”.

El reporte agrega que en 2017 se destaparon casos de ciberataques y espionajes, sobre todo contra activistas, defensores y periodistas (como el uso del malware Pegasus, operado por dependencias del gobierno federal).

Las detenciones y reclusiones arbitrarias “seguían siendo (en 2017) generalizadas y muchas veces traen consigo otras violaciones de derechos humanos como torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”. En este tipo de aprehensión los agentes regularmente incumplen sus obligaciones como informar los motivos de la captura y los derechos a los sospechosos, además hay retrasos “injustificados” para presentarlos ante la autoridad competente.

“No hay un registro de detenciones unificado, accesible y coherente con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, en el que se registre en tiempo real cualquier aprehensión efectuada por agentes encargados de hacer cumplir la ley”, señala AI.

Sobre tortura, la organización reporta que en febrero de 2017, el relator especial de la ONU sobre el tema publicó un informe de seguimiento a la visita que realizó en 2014, en el que concluyó que esta práctica seguía siendo generalizada, e incluía un “uso alarmante”´y frecuente de violencia sexual.

Si bien se ha visto como un avance la nueva ley en la materia, apunta AI, hasta ahora los casos siguen sin castigo. La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la PGR reportó 4 mil 390 casos en revisión a nivel federal e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial. Pero “las autoridades federales no anunciaron la presentación de cargos penales nuevos contra funcionarios públicos ni brindaron información sobre las detenciones practicadas en relación con este delito”.

El reporte señala que las desapariciones forzadas y las perpetradas por agentes no estatales (como integrantes del crimen organizado) siguen siendo una práctica habitual, y los responsables gozan de impunidad casi absoluta. El caso más emblemático es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 y que aún no se resuelve.

Los datos gubernamentales hablan de 34 mil 656 personas en esa condición (25 mil 682 hombres y 8 mil 974 mujeres), pero “las cifras reales son más altas que las oficiales, pues éstas excluían los casos federales anteriores a 2014, y los clasificados como delitos de otro tipo como secuestro o tráfico de personas.

Además, las investigaciones adolecen de irregularidades y las autoridades normalmente no inician de inmediato la búsqueda de las víctimas. AI destaca la aprobación de la ley general sobre desaparición, sobre todo por la amplia participación de familias y organizaciones civiles.

En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, la organización internacional documenta que no se investigan de manera adecuada y los perpetradores siguen impunes. “Por cuarto año consecutivo las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares”.

Tampoco, agrega el informe, se dio información sobre los cargos penales formulados contra los reponsables de los casos Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, donde respectivamente fueron ejecutados por militares 22, 16 y 43 civiles durante operativos de seguridad.

Al referirse a los derechos de las personas migrantes y refugiadas, AI indica que entre enero y agosto se presentaron 8 mil 703 solicitudes de asilo (cifra similar a las que hubo en todo 2016). En contraparte, “el porcentaje de solicitudes que dieron lugar a que se concediera la condición de refugiado se redujo al pasar de 35 por ciento un año antes a 12 por ciento en 2017 (el año pasado las solicitudes para este derecho superaron las 14 mil).

Agrega que entre enero y noviembre, 88 mil 741 migrantes en situación irregular fueron detenidos y 74 mil 604 deportados, en la mayoría de los casos sin opción a impugnarlo. Alrededor de 94 por ciento, fueron personas procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, y 20 por ciento de los deportados eran menores de edad.

En 2017, la violencia de género fue generalizada, las investigaciones en la mayoría de los casos fue deficiente y los criminales siguen impunes. “No se disponía de suficientes datos actualizados sobre feminicidios, se publicaron cifras oficiales de 2016 que indicaban que a 2 mil 668 mujeres se les consideraba víctimas de homicidio, a falta de más investigaciones”.

AI menciona que una encuesta oficial estimó que 66.1 por ciento de niñas y mujeres (dos de cada tres) reportó haber experimentado violencia de género por lo menos una vez en su vida, y 43.5 por ciento de ellas habían sufrido violencia de género a manos de sus parejas.

Finalmente la organización detalla que los dos grandes terremotos que azotaron algunos estados del país en septiembre pasado “hicieron peligrar los derechos a la vivienda y a la educación” de miles de mexicanos.