@AngelicadelaP presenta iniciativa para eliminar pensiones y gasto de ex presidentes
CDMX.- La senadora Angélica de la Peña presentará este día una iniciativa a fin de eliminar la pensión vitalicia y demás privilegios que reciben los ex Presidentes de México, porque representan un gasto injustificado, oneroso y opaco.
En su propuesta para reformar el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la senadora del sol azteca señala que la pensión vitalicia es un concepto otorgado con dinero de los ciudadanos y cada año se asigna una partida para que la Presidencia de la República la destine a un pago para los ex presidentes o sus viudas, que en promedio asciende a 40 millones de pesos anuales.
El régimen de las percepciones, compensaciones y apoyos a quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal en los Estados Unidos Mexicanos se encuentra establecido en Acuerdos Presidenciales, uno de 1976, que otorgó fuerzas de seguridad a los ex presidentes, concretamente, 78 elementos divididos entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Área.
Y el Acuerdo 2763- BIS, firmado por Miguel de la Madrid cuando era Presidente, que estableció los beneficios y prestaciones que quienes se desempeñen como primer mandatario obtendrán a partir de que concluya su administración de acuerdo a lo siguiente:
- a) pensión vitalicia de 205 mil 122 pesos; b) prestaciones de Seguridad Social que corresponden a su cargo, que incluye seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores; c) al fallecer, sus cónyuges tienen derecho a pensión vitalicia equivalente a 80% del sueldo que perciba su esposo durante el primer año. El monto se reducirá 10% cada año hasta llegar a 50% del total del sueldo; d) los hijos de los ex presidentes cuentan con seguro de gastos médicos mayores durante todo el tiempo que transcurra hasta que cumpla la mayoría de edad; e) un equipo de seguridad adscrito al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea y 25 empleados de la Federación.
En noviembre del 2012, antes de dejar la Presidencia, Felipe Calderón publicó cambios al Reglamento del Estado Mayor para estipular que los ex presidentes podían mantener el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tenían asignados para su seguridad y la de su familia.
En respuesta a la solicitud de información número 0210000174214, a través del sistema Infomex, a enero de este 2015, son tres ex presidentes y dos cónyuges quienes recibían la pensión.
Igualmente se indica que los ex presidentes de la República reciben una pensión que asciende a 205 mil 122 pesos mensuales y se entregaban pensiones a dos cónyuges por 101,718 pesos y 81,494 pesos. En la misma se incluye que indique el número de personal de seguridad asignado por ex presidente, lo cual no fue proporcionado, argumentando cuestiones de seguridad.
De la Peña Gómez indicó que estos beneficios han sido objeto de controversia y peticiones para que sean eliminados, o cuando menos regulados, sin embargo las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión permanecen sin análisis en comisiones legislativas.
Recientemente ciudadanos a través de las redes sociales y de la plataforma Change.org han solicitado que se retire la pensión vitalicia a los ex presidentes de México y ese dinero se destine a reconstruir el futuro de los damnificados de los sismos de los pasados 8 y 19 de septiembre en los Estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.
***La senadora de la Peña Gómez presentó el 5 de febrero de 2015 una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La iniciativa tiene como objeto principal regular las remuneraciones compuestas por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso que perciben los servidores públicos, o ex servidores, de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. La Ley expresa una definición amplia de los servidores públicos a quienes aplica la regulación y el derecho de los mismos a la remuneración adecuada por la prestación de sus servicios.
La Ley establece las reglas para la determinación de la remuneración de los servidores públicos en los presupuestos de egresos de la Federación, las entidades federativas y los municipios y la integración del cálculo de la remuneración correspondiente que deberá considerarse a toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios y recompensas.
