Borge pide a juez resolver su situación jurídica esta madrugada

CDMX.- El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo solicitó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Nezahualcóyotl, que resuelva esta misma madrugada su situación jurídico.

Luego de que los representantes del Ministerio Público de la Federación expusiera los datos de prueba durante más de cinco horas, el juez de control, José Artemio Zúñiga le preguntó al ex mandatario que si quería que resolver su situación jurídica en 72 o 144 horas, que lo consultara con sus abogados.

Sin embargo Borge Angulo respondió que el juez decida hoy  si lo vincula o no a proceso.

Roberto Borge Angulo está acusado por el delito Federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de ocultar o pretender ocultar bienes de territorio mexicano con conocimiento que estos proceden de una actividad ilícita.

Durante la audiencia inicial que se realiza en este centro de Justicia, la autoridad ministerial señalaron  que estas actividades ilícitas se realizaban desde abril de 2011 a septiembre de 2016, período en el que Borge Angulo fue gobernador de la entidad.

Durante la formulación de acusaciones, los fiscales argumentaron que Borge actuó en coautora con familiares, entre ellos su madre, y círculo cercano para nombrar Claudia Romanillos Villanueva, directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario a fin de adquirir 22 predios localizados en Tulum, Benito Juárez, Islas Mujeres entre otros a través de Testaferros y empresas fachadas.

Estos predios, de acuerdo a las autoridades, primero fueron adquiridos y después  vendidos en 238 millones 790 mil 121.98, cuando su valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15. Es decir  hubo un quebranto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos.

El desfalco es equivalente al presupuesto anula de 2017 para el pago de nómina de todos los integrantes de las fuerza armadas.

Empero sólo comprobaron que de los 22 predios,  pretendieron ocultar tres transacciones  por las empresas fachada. Las 19 restantes fueron aseguradas.

Estos fueron adquiridos y después vendidos también a un costo de 17 millones 357 mil 455.88 cuando el valor real era de 129 millones 235 mil 235, es decir una diferencia de 111 millones 877 mil 759 pesos de quebranto.

Las acusaciones en contra del ex mandatario las realizaron Roxana Lilí Campos Miranda, consejera jurídica del ejecutivo del estado de Quintana Roo; Carlos Flores Hidalgo, director General del Instituto del Patrimonio de la entidad y Angel Vargas Mitre, director de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Por el momento el juez de control decretó un receso. La audiencia se reanudará en unos minutos y se estima que concluya las mañana de este viernes.