Piden reactivar orden contra Puigdemont
Terra
España.- La Fiscalía española solicitó hoy al Tribunal Supremo girar la orden europea de detención del ex Presidente de Cataluña Carles Puigdemont por su llegada a Dinamarca.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, la solicitud de detención se remitió al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, encargado del caso, y está dirigida sólo al país nórdico.
Puigdemont, que tiene previsto participar hoy en un debate organizado por la Universidad de Copenhague, ha permanecido durante tres meses en Bélgica junto a cuatro antiguos miembros del anterior Gobierno independentista catalán, todos ellos investigados por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación.
Esta es la primera vez que Puigdemont sale de Bélgica en todo este tiempo.
En un primer momento, la Justicia española dictó sendas órdenes europeas contra todos ellos, pero el juez Llarena decidió retirarlas el 5 de diciembre pasado, con la advertencia de ser detenidos en cuanto regresaran a España.
Llarena consideró que se debían retirar las órdenes que emitió la Audiencia Nacional en su momento, porque podrían condicionar la evolución de la investigación y los posibles delitos por los que se pueda procesar a los imputados.
Dichas faltas no están recogidas en el ordenamiento jurídico de Bélgica, lo que impedía que Puigdemont fuera entregado por las autoridades de dicho país para su procesamiento en España por esos motivos.
Mientras tanto, la Fiscalía danesa rechazó pronunciarse sobre la hipotética orden de arresto europea contra el político catalán, que llegó esta mañana a la capital de Dinamarca desde Bruselas para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague.
“No tenemos ningún comentario sobre el caso”, dijo Simon Gosvig, portavoz del Ministerio Fiscal danés.
Si el Supremo español decide reactivar la orden, Puigdemont sería detenido por la Policía danesa y llevado ante un juez, y el Fiscal General del Reino de Dinamarca -responsable directo del caso- pediría entonces que le fuera decretada prisión preventiva.
Entonces, el Fiscal reclamaría a las autoridades españolas el envío de la documentación relacionada con el caso y, en base a eso, adoptaría una decisión, que puede ser apelada ante los tribunales.
