Menos de 24 horas después de que una magistratura recibió el asunto, en sesión público que se realizó a las 11:45 pm el pleno de la Sala Monterrey resolvió juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, en el que una servidora pública solicitó, que se concedieran mayores medidas cautelares de las otorgadas por el Tribunal de San Luis Potosí.

Respecto de lo cual, por unanimidad de votos, la Sala Monterrey bajo un análisis con perspectiva género y la visión más favorable para el interés de la actora, determinó conceder como medida de protección:

a)      Separar temporalmente al denunciado del cargo de Regidor hasta que la autoridad competente resuelva y se pronuncie sobre la seguridad de la posible víctima;

b)      Prohibir al denunciado acercarse, por sí o por terceros, al lugar donde se encuentre la posible víctima; y

c)      Ordenar la asignación de una escolta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para evitar un atentado contra su integridad física o su vida.

Por otra parte, se determinó reencauzar la denuncia al Consejo Estatal Electoral, por ser el órgano competente para valorar preliminarmente y en su caso, investigar, y determinar lo conducente sobre la violencia política de género en perjuicio de la actora, en el entendido de que las medidas del Tribunal Local y la Sala Regional deben surtir totalmente sus efectos hasta en tanto el Consejo Estatal se pronuncie sobre su vigencia y alcance definitivo.

Se trata del regidor Rafael Cárdenas Govea, acusado por la alcaldesa del municipio de Villa de Zaragoza, Paloma Bravo García.