Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a atender la corrupción a nivel estatal, pues “si queremos lograr la consolidación del combate institucionalizado a la corrupción, debemos hacer efectivas también las acciones locales”.

Para ello, dijo, se requiere de sistemas locales anticorrupción que contenga: un marco jurídico básico, nombramientos de funcionarios independientes y capacitados, y transparencia y suficiencia en los presupuestos que permitan a los comités de participación ciudadana locales operar adecuadamente.

El hecho de que sean eficientes demanda de asignar un presupuesto que corresponda a sus funciones y que sea independiente de negociaciones políticas coyunturales.

“La asignación presupuestaria debe ser un tema prioritario para los legisladores locales, en el entendido que sin éste, no hay funcionamiento, ni autonomía posibles. Es preocupante que sólo la mitad de las entidades federativas haya destinado recursos al combate a la corrupción en este rubro”, expresó en la Señal Coparmex.

De Hoyos lamentó que  en algunos estados de la República, la intención de constituir los Sistemas Locales Anticorrupción (SLAs) en forma robusta se hayan abandonado. Dijo que muchos de los problemas para su configuración no son siquiera del conocimiento o dominio públicos.

Ejemplificó que la cooptación de ciertos integrantes de los Consejos Locales de Participación Ciudadana o, en otros casos,  estados donde los nombramientos se han dado de buena fe, pero se observa una clara incapacidad para articular agendas estratégicas de largo plazo.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, nos muestra un panorama sombrío: el 53.6% de los mexicanos percibe que los actos de corrupción son frecuentes en su estado.

Al mes de febrero de 2018, solamente 10 entidades han concluido con la adecuación del marco jurídico para la operación eficaz de los Sistemas Locales Anticorrupción.

La Coparmex promueve que se compartan las mejores prácticas hacia una estandarización de los Sistemas Locales Anticorrupción, así como el diseño de un Semáforo Anticorrupción 2.0.